La República de los favoritos. La ausencia de la ley y del Estado.
Sí fuese forzoso quedarse en la definición de la política con un solo atributo, yo no vacilaría en preferir este: política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado con una Nación, algo surgido desde que se inició el debate público sobre el origen y los fines del Estado.
El gran político ve siempre los problemas del Estado a través y en función de los problemas nacionales. Sabe que aquél, es decir el Estado, es sólo un instrumento para la vida en convivencia, para establecer los mejores procedimientos para lograr el desarrollo. Inversamente, el pequeño político, como se encuentra de repente con el Estado entre las manos, tiende a tomarlo demasiado en serio, a darle un valor absoluto, a desconocer su sentido puramente instrumental.
Un Estado es equitativo cuando, concediéndose a sí mismo el mínimum de ventajas imprescindibles, contribuye a aumentar la vitalidad de los ciudadanos; si lo abstraemos de esto último, si nos ponemos a dibujar un Estado perfecto en sí mismo, como un puro y abstracto sistema de instituciones, llegaremos a construir una máquina que detendrá toda la vida nacional.
En la historia triunfa la vitalidad de las naciones, no la perfección formal de los Estados. Ese sería un error desde la óptica de cualquier pensamiento político que tienda a ser trascendente. La pregunta entonces se reduce a la imprescindible organización del Estado. Si este es una máquina situada al interior de la Nación para servir a esta, la pregunta básica sigue siendo: ¿cómo organizarla?
Durante nuestro largo interregno hemos sido testigos de la astenia y de la desaparición estatal, sucesiva y sincrónicamente. Hemos visto cómo se detiene a sí mismo, esperando la acción salvífica y en automático de las grandes decisiones, cada vez más ausentes del escenario nacional. Hemos visto cómo tomaron posesión de sus diversas carteras y poderes personas sin oficio ni beneficio, que han pasado absolutamente desapercibidas por los cargos y las encomiendas, siempre ajenas a las funciones fundamentales.
Hemos sido testigos de cómo son sustraídos o sustituidos sus recursos presupuestales, después de ser destinados obligatoriamente por el Congreso, en espera de los momentos adecuados para canalizarlos a los fines del resultado del programa de que se trate.
Un ejemplo cumbre ha sido el de la compra de las vacunas, o de la previsión para adelantarse a los acondicionados que se veían venir que forzosamente iban a obstaculizar su adquisición. Este ha sido un error fundamental, por básico. Hemos visto cómo todo se vale para que el Estado no opere.
Un Estado no se cura con menos atribuciones estatales. Se alejan de él las instituciones y también las soluciones. Los operadores garantizan la eficacia de los programas siempre y cuando la solución no dependa del aparato público.
Así se va el Estado, se ausenta la ley. En cambio, sólo un puñado de inexpertos toma las decisiones mayores. Y la población se pregunta: ¿de qué depende que funcione el Estado? Una pregunta lastimera, una sentencia en sí misma.
