Derechos de niñas, niños y adolescentes, una cuestión de Estado: Linares Capitanachi

*** Participa la Presidenta del Congreso en el panel virtual Perspectivas y retos de la protección integral de la niñez y adolescencia.

De la Redacción Época N.M

Xalapa, Ver.- Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son una cuestión de Estado; de ahí la necesidad de centrarlos en la columna vertebral de la actuación pública, manifestó la presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, al participar en el panel virtual Perspectivas y retos de la protección integral de la niñez y adolescencia.

En dicho encuentro, organizado por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) del Estado de Veracruz y la organización internacional de ayuda humanitaria sin fines de lucro World Vision, participaron la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal, la Secretaría de Educación de Veracruz, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, representantes de Sipinnas municipales, de la academia y de la sociedad civil.

En representación del Congreso del Estado de Veracruz, la legisladora destacó que esta Soberanía reconoce el compromiso y el trabajo de las instituciones y organizaciones participantes, las cuales, “desde su ámbito de competencia, dedican todos sus esfuerzos a representar a quienes, por su calidad de personas en desarrollo y autonomía progresiva, requieren solidaridad y protección integral a sus derechos”.

Luego de reconocer también la labor de organizaciones como World Vision, que –dijo- dan voz a este sector social, consideró que las niñas, niños y adolescentes requieren una plataforma social, cultural, política y jurídica muy especializada y, cada día, más técnica, que oriente a las instituciones y a la sociedad en su conjunto.

Los derechos de niñas, niños y adolescentes, concluyó la Diputada, no son “un tema del derecho privado. Deben reconocerse y protegerse en el marco de la regularidad del derecho constitucional transformador que implica que cada ley, cada política pública, cada sentencia, cada acto de protección transformen su vida y su contexto. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho preeminente a la justicia social”.

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